domingo, 30 de novembro de 2008

FORA DO PACTO






É possível?

Santiago do Chile: 1ª Conferência da Rede Latino-Americana de Policiais e Sociedade Civil (Continuação).



Deontología y accountability: desafíos contemporáneos para una reforma policial exitosa.

Intervención del Sr. Arturo Herrera Verdugo, Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, en la Primera Conferencia Regional de la Red de Policías y Sociedad Civil.

Santiago, 14 de Noviembre de 2008

I.- Introducción

Como Director General de la Policía de Investigaciones de Chile, deseo iniciar esta exposición manifestando mi satisfacción por la realización de esta “Primera Conferencia Regional de la Red de Policías y Sociedad Civil”, iniciativa que sin duda abre nuevos caminos para el diálogo y el intercambio de experiencias.

Es así que me permito comenzar señalando que la “inseguridad ciudadana” se ha vuelto un mal característico de las sociedades urbanas y se trata, en consecuencia, de un “problema público” de primer orden y creciente importancia.

Una mirada a nuestra historia reciente, en particular a la década de los noventa en América Latina, nos enseña que desde hace algunos años las instituciones de gobierno y los órganos policiales, se empeñan en una búsqueda incesante de respuestas a cuestionamientos de diversa índole.

Lo anterior, derivado de cuadros cada vez más críticos de inseguridad objetiva y subjetiva en nuestros países, siendo un denominador común en muchas situaciones la violación de los derechos humanos y las irregularidades en los procedimientos policiales.

América Latina tiene una larga tradición de violencia, crimen e inseguridad. Diversos estudios coinciden en señalar que es una de las regiones más insegura del planeta, por cuanto se registran diversos niveles y tipos de inseguridades, según sean los factores y elementos que se tengan a la vista.

En nuestros países las tasas de denuncia siguen creciendo, la cifra negra no se reduce, los índices de victimización siguen en alza y la percepción de mayor eficacia de la actuación policial no muestra una tendencia estable de aumento. En síntesis, hay un deterioro del clima de seguridad, que afecta de manera importante la calidad de vida de muchas personas y grupos de diversa índole.

En este contexto, es innegable que la actuación de las instituciones de prevención y control del delito, y de las restantes organizaciones que integran el sistema de administración de justicia penal, no ha sido suficiente para detener los efectos del crimen y la violencia en las sociedades latinoamericanas.

Este panorama es preocupante. Aquí llaman la atención dos situaciones transversales que, con mayor o menor fuerza y evidencia, se presentan en la mayoría de los países: la subjetivización de la inseguridad, por una parte, y el surgimiento de una exigencia o demanda pública a las policías, por la otra, como es la responsabilización y rendición de cuentas.

En esta exposición, deseo abordar brevemente algunos conceptos e ideas-fuerza, con el propósito de compartir una mirada a partir de la experiencia de la Policía de Investigaciones sobre cómo el accountability y la deontología policial, son prácticas sustantivas para una policía moderna, tanto desde el punto de vista de su eficacia como de su actuación y legitimidad social.

Mirando nuestra región, me atrevo a señalar que sin un esfuerzo decisivo dirigido a promover la deontología y el accountability policial, no seremos testigos de avances claves en materia de reforma policial.

Partamos por lo más fundamental.

II.- Sobre deontología

Esta disciplina es esencial para el ejercicio de la profesión policial. No obstante, no recibe la atención que merece, en la mayoría de los países latinoamericanos.

Tengo la impresión que no se asume en propiedad que la ética busca orientar la labor policial humanizándola, generando un puente entre valores objetivos y acciones concretas.

Así las cosas, hay que reconocer que existe un conjunto de convicciones relativas a la práctica policial, tales como:

(a) Que la misión de una institución policial, como organización de servicio público, tiene una dimensión ética fundamental que no puede ni debe desconocer;

(b) Que la función policial no está al margen de la sociedad a la cual le corresponde servir en los ámbitos de la seguridad y la justicia; y,

(c) Que la organización policial es parte de la comunidad.

No podemos desconocer que en muchos casos, estas declaraciones constituyen precisamente el foco problemático de la legitimidad social de la policía, pues mucho de ello no se cumple.

Allí se pone especial énfasis en la confianza que la población debe tener en la policía, para lo cual – se sostiene - es indispensable mantener una actitud y un comportamiento policial de respeto por la población, particularmente en lo relativo a la dignidad humana y a las libertades y derechos fundamentales de la persona.

Por tal razón, la ética y la deontología policial son el fundamento que debe orientar todas las acciones de los policías, sus lineamientos o directrices centrales, sus planes, programas y proyectos. Son, en definitiva, la fuente que inspira y otorga sentido a la profesión, liberándola y protegiéndola de aquellas influencias y tendencias que buscan desconocer la importancia central de la dignidad humana.

En rigor, el “horizonte hermenéutico” de la ética policial es el servicio a la sociedad y la promoción del desarrollo humano. A partir de esta clave de interpretación, es posible comprender el sentido más profundo y permanente de la labor profesional del policía. A mi entender, la acción policial no es sino un medio para conseguir un fin.

En efecto, los encargados de hacer cumplir la ley debemos tomar en cuenta que la sociedad es nuestro principal objetivo, y que ésta espera y exige de nosotros un servicio cuya calidad satisfaga plenamente sus requerimientos y expectativas.

En consecuencia, debemos actuar con la convicción de que la policía es la prestadora de un servicio a la comunidad, y no a la inversa. Aquí radica la relevancia de la legitimidad social. Si no hacemos bien esto, entonces, no estamos haciendo bien nuestro trabajo. La opinión y valoración de la sociedad es, en última instancia, reflejo de la aceptabilidad de la conducta policial, de nuestros esfuerzos y eficiencia.

Hoy la eficacia policial no se puede medir sólo por el logro de la verdad criminalística, la detención de imputados o de prófugos de la justicia, es decir, mirando el resultado policial con un enfoque tradicional. Ello no basta. Si hoy la deontología policial y la ética pública nos interpelan, es porque ambas cambian nuestro marco de referencia y enfatizan otros componentes en la construcción de seguridad, como la calidad de los servicios, la legitimidad social y la satisfacción ciudadana.

De esta forma, la deontología policial tiene como finalidad orientar el comportamiento profesional de los policías, según los siguientes criterios de acción:

(a) Una función de servicio público: Una institución policial existe para servir a todos los ciudadanos sin distinciones ni discriminaciones y contribuir al desarrollo integral de la sociedad, en el marco de la democracia y el respeto al Estado de Derecho. Para ello, los policías - en su calidad de funcionarios públicos - nunca deben utilizar sus cargos para lograr beneficios propios o particulares. Esta es la principal cualidad de la ética pública y, consecuentemente, de la deontología policial.

(b) Una función social: Desde la ética profesional, la gestión policial debe ser considerada como un medio que busca fines superiores, como la seguridad, la justicia y la paz. Para ello es necesario que la labor policial ayude a fortalecer la confianza entre los integrantes de una sociedad, con el fin de contribuir a la cohesión social, base de la democracia, de la participación ciudadana y de la convivencia social. El policía, al ejercer una función pública, adquiere una responsabilidad social que es inherente a su misión, la cual debe estar orientada por los valores de la Ética Social, como la veracidad, la honestidad, la solidaridad y la reciprocidad, entre otros. El policía no es un ser aislado, es parte activa de la sociedad. Debe entender, entonces, que su actividad profesional tiene un marcado componente social, directamente relacionado con el incremento de la calidad de vida de las personas, a través de la promoción de la seguridad y la colaboración con el sistema de administración de justicia.

(c) Un servicio que promueve el desarrollo humano: La deontología policial debe promover la humanización de la sociedad. Esto sólo es posible si cada persona es plenamente valorada y respetada en su dignidad y en sus derechos, y en la medida en que se reconoce su condición de ser social que sólo logra su realización más plena con el otro y a través del otro, en comunidad. Siguiendo la clásica distinción kantiana, la ética policial considera que la persona y la sociedad nunca deben ser entendidas como “medio”, sino siempre como “fin”.

(d) Una actividad que promueve la excelencia del servicio: La deontología, al considerar la función policial como un servicio de carácter público, asume que dicha misión debe realizarse de manera eficiente y eficaz.

La sociedad espera y exige a sus policías el desarrollo de una gestión de calidad y transparente, debido a que el progreso social y su continuidad pasan, en gran medida, por la ejecución de un adecuado y oportuno servicio policial.

En consecuencia, la deontología plantea una serie de retos a la cultura policial, ya que sus principios y valores sustentan una ética policial moderna, especialmente en lo relativo a la realización humana y al desarrollo de profundos y sólidos vínculos sociales.

III.- Sobre accountabílity.

Asumiendo que estamos de acuerdo con lo expresado hasta aquí, ahora agrego el concepto de accountability policial. Éste, en mi opinión, es hacer que el personal policial y la organización en su conjunto sean responsables por su desempeño, medido lo más objetivamente posible, informando sobre su quehacer y dejando que la sociedad se forme un juicio objetivo y crítico respecto de su actuación.

En la práctica, es el resultado de múltiples mecanismos, tanto internos como externos, que deben trabajar armoniosamente para lograr un cambio permanente de la conducta del personal policial. Así, responsabilización, rendición de cuentas y transparencia representan desafíos de igual relevancia que la anhelada calidad de los servicios de justicia y seguridad.

La experiencia de países desarrollados y de la Policía de Investigaciones de Chile enseñan que, para que pueda haber accountability policial, son necesarios un marco de acción, supuestos y modalidades que faciliten la supervisión y control sobre la policía, y que esto contribuya a la credibilidad y la confianza, reduciendo así la distancia entre el ciudadano y su policía.

Entre las distintas innovaciones necesarias, se requiere diseñar, convocar y emprender en conjunto con la sociedad un camino que haga posible rearticular y redefinir circuitos de información. Es allí donde se pone a prueba el carácter público de toda institución policial.

No puede haber accountability adecuado y suficiente sin una apropiada gestión de información que respalde lo que hacemos y lo que no logramos hacer bien, lo que corregimos y lo que necesitamos de la sociedad.

Detrás de esta práctica subyace el concepto de coproducción de seguridad. La inseguridad no es un tema exclusivamente policial.

Para nadie puede ser una novedad, entonces, la creciente demanda de mecanismos de accountability – más allá del control jurisdiccional, legislativo, jerárquico y de los resultados policiales ya presentes en nuestros países - que promueven el control externo o social sobre la actuación de la policía.

En América Latina se ha insistido en la necesidad de accountability por parte de la policía, para asegurar que no se repitan los patrones de abuso, negligencia, discrecionalidad y conductas indebidas que desde hace años se vienen observando y repitiendo en algunos casos.

Tanto desde el mundo académico, como desde organizaciones de la sociedad civil, se sostiene que es necesaria una reforma policial, y que es imperativo impulsar una agenda de cambio que asegure mayores niveles de responsabilización policial y una actuación más acorde con los desafíos de la democracia, en un contexto complejo y diverso en cada país.

A la luz de este escenario emergente en la región, las policías enfrentan la necesidad de identificar, diseñar y responder interrogantes claves, del tipo: ¿cómo una policía moderna puede hoy ayudar a construir seguridad en democracia?, o bien, ¿qué cambios debemos emprender para ganar en legitimidad social y, de esta forma, ser activos colaboradores en la construcción de más seguridad -en términos objetivos y subjetivos- para nuestros conciudadanos?

Intentar responder estas interrogantes nos lleva a plantear nuestra tesis de fondo, cual es, una policía moderna es aquella que apuesta a mejorar sus limitaciones y debilidades, con transparencia y mejores resultados, que busca generar certezas y que aspira a ser más creíble y más confiable ante la sociedad, procurando entregar un servicio de calidad. Esto es lo que busca una reforma policial.

Permítanme desarrollar este último punto.

IV.- Una policía reconocida por la comunidad como organización moderna

En los albores del siglo XXI, las policías enfrentamos una encrucijada, derivada de la necesidad de asumir nuevos términos de referencia para la gestión policial y un ethos laboral distinto.

En esta época nuestro desafío no consiste sólo en forjar policías más eficaces y profesionales, sino que también más transparentes, creíbles y confiables a los ojos de la sociedad y sus autoridades.

Entonces, un pregunta clave es: ¿A través de qué mecanismos las policías vamos construyendo mayores niveles de confianza y legitimidad social, reduciendo el temor y la inseguridad ciudadana, más allá de combatir el crimen? Es decir, ¿cómo una organización policial es capaz de demostrar a través de su gestión que asocia apropiadamente democracia y seguridad?

En mi opinión, las respuestas son varias. No citaré lo que ustedes mismos han destacado en diversas publicaciones. Pero, resumiré tres rasgos que me parecen fundamentales:

Primero: Una policía debe ser responsable ante la ley más que ante un gobierno, ya que en una democracia las acciones de gobierno se guían por el Estado de Derecho. Las intervenciones policiales deben regirse, por consiguiente, por la norma de la ley en lugar de las directrices de los regímenes y sus miembros.

Segundo: Una policía debe proteger los derechos humanos, sobre todo aquéllos que son exigibles para la actividad política que es el sello de la democracia. Ésta no sólo requiere que la policía, la parte del brazo ejecutivo del Estado, se restrinja a la ley sino también que ellos hagan un esfuerzo especial para salvaguardar actividades que son esenciales al ejercicio de la democracia, y

Tercero: Una policía debe ser transparente en sus acciones. Su actividad debe estar abierta a la observación y al escrutinio público y, regularmente, debe informar a los ciudadanos.

En consecuencia, si volvemos la mirada a nuestra América, entonces una policía moderna será aquella capaz de responsabilizarse, de rendir cuenta, y de actuar ante un escenario deteriorado por la inseguridad y la falta de legitimidad social de la policía.

No deseo extenderme en demostrar cuál es el perfil general de las policías en la región, pero la literatura, los medios de comunicación y las propias autoridades policiales manifiestan en reiteradas ocasiones que hay:

1. Una fuerte dependencia de la política.

2. Una débil cultura democrática en lo social y lo político.

3. Deficiencias en cuanto al régimen disciplinario.

4. Ausencia generalizada de mecanismos transparentes de rendición de cuentas y de mecanismos de control externos confiables, y

5. La persistencia de prácticas represivas, de la corrupción y de graves violaciones de los derechos humanos.

A lo anterior agrego un hecho, para mí, muy relevante: Las instituciones que no producen resultados satisfactorios para la población, no gozan de legitimidad y capital social. Estos son factores decisivos para el clima de seguridad ciudadana en una sociedad. La propia respuesta policial juega un papel relevante para la legitimidad de su función.

En mi opinión, en un contexto como el nuestro y el de muchos países de la región, donde observamos una creciente demanda por más seguridad ciudadana, las policías se ven exigidas a dar respuestas rápidas, poniendo en peligro la calidad, la imparcialidad y la transparencia de los procedimientos. Esto aumenta el riesgo de conductas alejadas de la probidad funcionaria y facilita la corrupción policial, el incumplimiento de la ley y el peligro de que se transgredan los imperativos de los derechos humanos.

¿Qué salidas o soluciones encontramos a estos problemas?

La respuesta es sencilla: deontología y accountability.

Atrás está quedando una cultura policial autoreferente y centrada en el secretismo. La deontología policial moderna debe integrarse a la cultura policial contemporánea, promoviendo e, incluso, exigiendo el desarrollo de una gestión eficaz, transparente, respetuosa de los derechos y dignidad de las personas y sometida al escrutinio público.

De manera resumida, estos componentes de la deontología policial son:

(a) Respeto de la dignidad y derechos de las personas.

(b) El acercamiento a la comunidad.

(c) Ética pública y probidad funcionaria.

Para ello, es preciso innovar y destacar aquellas buenas prácticas o medidas que permitan a las fuerzas de seguridad y a los agentes encargados de hacer cumplir la ley, materializar esfuerzos que reflejen estos preceptos.

En rigor, renovar los paradigmas de actuación policial constituye el principal desafío para una reforma policial efectiva. Esto se logra promoviendo una cultura policial democrática y respetuosa de los derechos humanos que, a su vez, facilite la generación de procesos de actualización de prácticas, creencias y principios.

Así será posible contribuir a la excelencia profesional y a la consolidación de la comunidad como principal referente, sustentando el accionar policial en la integración, la cooperación y la coordinación, entre otras directrices de trabajo.

V.- Accountability policial y sus implicancias para una policía

Generar accountability en una policía implica romper el encierro y apostar por la transparencia y la legitimidad social, por vía de incentivar y facilitar el control social externo. Esto ayuda a romper un círculo vicioso y sustituirlo por uno virtuoso, asegurando que el comportamiento y las reglas no escritas de una institución sean congruentes con las reglas formales y la misión de la misma.

Accountability y transparencia representan desafíos de igual relevancia que la anhelada calidad de los servicios de justicia y seguridad. Para que esto sea así, se requiere diseñar, convocar y emprender en conjunto con la sociedad un camino que haga posible rearticular y redefinir circuitos de información. Es allí donde se pone a prueba el carácter público de toda política orientada a los problemas sociales, como la inseguridad ciudadana.

La transparencia en el aparato público, en especial en una policía, es una obligación que nace de la responsabilidad social, de la ética pública, y del paradigma de una policía democrática. Ello es necesario para la coproducción de la seguridad y para lograr mejores niveles de seguridad ciudadana. Se requiere construir, entonces, un balance funcional en materia de acceso, tipo y calidad de la información entre los actores y las instituciones públicas y privadas.

De acuerdo a esto, la ausencia de una estrategia de colaboración sociedad civil – policía, orientada a la gestión de información y gestión del conocimiento, seguirá siendo una de las principales debilidades de la gestión policial, si en el marco de la implementación de políticas públicas no se integra un enfoque de accountability policial, es decir, transparencia, responsabilización y rendición de cuentas.

La literatura entrega algunos elementos que permiten definir un marco de acción, supuestos y modalidades, para que se pueda ejercer un tipo de supervisión y control de la policía1, a saber:

(a) Mediante modelos eficientes para el accountability una organización policial no sólo está preparada para el escrutinio público, sino que se vuelve capaz de monitorearse de forma permanente. Esto, con el objetivo de identificar aquellos procesos en donde prevalecen o emergen criterios opacos y espacios autoritarios y ajenos a su propio control institucional, para suprimirlos o modificarlos.

(b) Que los derechos se protegen y promueven mucho mejor cuando las autoridades policiales y las instancias públicas oficiales comparten la misma visión con los que abogan por el accountability, que con los que están en contra.

(Roberg et al 2002; Varenik 2004; Muñiz y Proença Júnior 2005; Frühling 2005; Insyde 2006; Roberts 2006; Bayley 2005)

(c) Si bien es necesario una mirada caso a caso, es una manera ineficiente e insuficiente de acabar con los problemas estructurales o sistémicos de abuso y corrupción policial, porque éstos normalmente tienen sus raíces en elementos más profundos de la vida institucional, como la ausencia de políticas y prácticas de reclutamiento, capacitación, incentivos, cultura y supervisión.

(d) El accountability es, en la práctica, el resultado de múltiples mecanismos, tanto internos como externos. Es un sistema que puede ayudar a lograr un cambio sostenible de comportamiento en el personal policial.

(e) Más allá de la importancia de desarrollar mecanismos internos de control, también hay que subrayar que éstos van a funcionar mejor si están sujetos a fiscalización, análisis y comentarios constructivos. Para lograr aquello es necesario que se den tres requisitos complementarios a los ya descritos:

(a) Voluntad interna: La policía debe aceptar que tiene que jugar un papel para asegurar que funcione el accountability. Es decir, la policía debe convencerse de que sus intereses están mejor servidos cuando son proactivos y hacen suyo el proceso de ser y demostrar que es una regla institucional.

(b) Voluntad política y participación ciudadana: Si bien una policía debe responsabilizarse y dar cuenta de su gestión y resultados en cuanto a la criminalidad, la conducta de sus funcionarios, así como de los costos, eficiencia y probidad, la sociedad también debe ser capaz de involucrarse en los procesos de accountability, apoyando a la policía en un cambio que toma tiempo.

Construir accountability supone estímulos para la policía. La confrontación no es positiva ni fructífera, la colaboración es fundamental en los cambios estructurales y en los procesos graduales de modificación de la policía hacia un paradigma democrático.

(c) Claridad de la política institucional: La existencia de políticas institucionales claras facilita el buen ejercicio de la discreción de cada oficial en particular. Mientras más certeza haya sobre la conducta que se espera de los oficiales en el campo, más sencillo será producir indicadores para el monitoreo y la rendición de cuentas. Frecuentemente la mirada sobre el actuar policial se dirige hacia ella sólo cuando hay escándalos o crisis con un fuerte impacto mediático, generándose a veces comisiones especiales parlamentarias. Sin embargo, esta práctica debe volverse habitual y debe existir un monitoreo o mecanismo continuo para fiscalizar su aplicación. En síntesis, legitimidad y capital social en una policía supone un importante esfuerzo en:

(a) Desplegar iniciativas para asegurar que las organizaciones policiales reflejen estas nuevas tendencias de la deontología moderna, en un contexto democrático.

(b) Elaborar estructuras y procesos para asegurar la rendición de cuentas jurídica, política y comunitaria.

(c) Introducir medidas de vigilancia civil y mecanismos sólidos de tratamiento de las quejas.

(d) Introducir innovaciones en la educación y formación.

VI.- Palabras finales

Para concluir, deseo destacar que el enfoque que he desarrollado aquí se sostiene en dos paradigmas fundamentales: La construcción de seguridad en democracia y el de la policía democrática, ambos se vinculan estrechamente a través del Estado de Derecho, destacando la manera de hacer las cosas, de ser policía y de servir a la comunidad. Ninguna duda cabe que los Estados representan construcciones políticas dirigidas a materializar el bien común y que, en consecuencia, el desarrollo político, el desarrollo a escala humana, la democracia y la seguridad, representan marcos de referencia para la actuación de las instituciones policiales. Una policía moderna es aquella capaz de responder a dichos valores.

Las policías no deben afirmar que son modernas, ellas deben parecerlo y demostrarlo. Esta afirmación resume en gran medida la experiencia de la Policía de Investigaciones en materia de reforma policial.

Muchas gracias.

Fonte: www.comunidadesegura.org.br

quarta-feira, 19 de novembro de 2008

Segurança Pública e Cidadania

A pergunta que não calar: Qual é a política de segurança?


Comentários:

Fonte:

http://wanderbymedeiros.blogspot.com/2008/11/pm-do-rj-vive-sim-no-tempo-das-cavernas.html

Afinal, a mesma secretaria responsável pela "política" de inércia diante de uma PM sem jornada de trabalho respeitada, presa a regulamento disciplinar arcaico, sem o pagamento de horas extraordinárias de trabalho e com soldos inferiores ao mínimo (nacional e regional), parece muito ativa quando o tema é a retirada do poder de polícia de trânsito da mesma PM, a mantença de patamares salariais diferenciados para delegados de polícia, o culto à política do extermínio, o impedimento ao acesso de policiais militares a bancos de dados básicos (locus web, FAC, etc) e, é claro, à lavratura de termos circunstanciados, bem como a facilitação da cessão de policiais militares para a Polícia Civil.

Falo da mesma secretaria que parece não se importar muito com a jogatina, com o crescimento dos crimes de rua, com as mortes, lesões e insegurança - principalmente, de pedestres - derivadas do trânsito caótico que domina o cenário em que atua a Polícia Militar do RJ e com a necessidade de se conferir investimentos e independência à Perícia Criminal (por incrível que pareça, ainda atrelada a delegados).

Falo da mesma secretaria que parece lutar com unhas e dentes para o incremento de poder (inclusive no que toca ao controle de "tropas" e de material bélico) de delegados de polícia, que camufla índices estatísticos e que oculta desavergonhadamente as taxas de elucidação de delitos dos mesmos delegados.

O preço cobrado pela cada vez mais notória irresponsabilidade e incompetência da gestão atual da pasta de segurança pública do RJ é muito alto. Sua valoração pode (e deve) ser feita em vidas humanas ceifadas (homens, mulheres e crianças), fruto de ações policiais com foco equivocado e da ação recorrente de marginais, em ambos os casos, protegidos pelo manto da impunidade.

Qual é a Política de Segurança?






Terça-feira, 18 de novembro de 2008.

Rio, a cidade do terror e dos policiólogos.

Por Milton Corrêa da Costa

Fonte: Blog da Segurança (Jornal, O Dia).

A cidade do Rio de Janeiro está ocupada, em boa parte, por grupos de narcoterroristas e de milicianos, onde milhões de seus habitantes vivem sob a égide da opressão e / ou do temor ao crime. Na constatação da violência extrema e desafiadora, onde se ressalta, por dever de justiça, alguns resultados positivos da ação policial pró-ativa, basta observar os acontecimentos mais recentes, dignos mesmo de fazer inveja aos áureos tempos de Cali e Médelin.

Recentemente na Praça Bandeira, no centro do Rio, numa ação de desafio ao estado, bandidos utilizando uma caminhonete ("bonde do terror") dispararam, durante a madrugada, vários tiros de fuzil contra uma cabine da Polícia Militar. A cabine ficou parcialmente destruída e o policial militar ali de serviço escapou ileso por um milagre.

Na manhã do mesmo dia, numa incursão no Morro do São Carlos, próximo ao centro da cidade, agentes de duas forças especializadas da Polícia Civil lograram apreender, atrás de uma parede falsa de uma casa, 91 kg de cocaína pura. A maior apreensão da droga nos últimos dois anos em todo o estado. Na mesma incursão foram encontradas 10 mil munições de fuzil AK-47 e de pistola.

Dois dias antes, numa operação, também de agentes da Polícia Civil, no Morro do Cantagalo, na zona sul do Rio, foram encontradas armas de guerra no escritório de obras do PAC, no interior das dependências de uma igreja. Entre as armas foi achada uma metralhadora antiaérea .30 do Exército Boliviano. Durante a intervenção policial no local três traficantes, homiziados no interior do prédio, foram mortos resistindo agressivamente à ordem de prisão.

Também na ação de polícia pró-ativa, a que não espera o crime acontecer para reagir - polícia reativa acabou no mundo - uma força especial da Polícia Militar, O BOPE, considerada uma das mais conceituadas tropas de combate urbano no mundo, logrou apreender meia tonelada de maconha e alguns fuzis (não de brinquedo), desses que nos matam com tiro na cabeça nos sinais de trânsito ou em razão de bala perdida ou ainda numa ação de guerrilha no melhor estilo Chicago anos 30, tipo a que aniquilou recentemente, de modo covarde, com a vida de um diretor de presídio, oficial superior da PM, cujo veiculo que conduzia, numa via expressa de grande movimento, em plena luz do dia (desafio e ousadia extrema), foi atingido por cerca de 50 tiros.

Para fechar o relato de guerra, na madrugada de sábado 15 de novembro, data em que em tempos idos nos preparávamos para as comemorações da Proclamação da República - parece que o civismo também é coisa do passado - num tiroteio no Morro dos Macacos, no Bairro de Vila Isabel - o célebre Noel Rosa não merecia esse desprazer - seis pessoas morreram, entre elas uma senhora de 72 anos, vítima de tiro de fuzil na cabeça.

Infelizmente em toda guerra, convencional ou não, a população civil sofre os seus efeitos. Durante a invasão de uma facção criminosa rival (aconteceu durante um baile funk), pertencente ao Morro São João, no Engenho Novo, mais seis pessoas resultaram feridas. O noticiário de guerra informa que a troca de tiros, com seguidas explosões de granadas, começou no fim da madrugada, durou duas horas e foi até de manhã quando os "bandidos sociais", narcoterroristas de carteirinha, em fuga alucinada e cinematográfica, entraram em conflito bélico com policiais pelas ruas próximas ao Estádio do Maracanã. Alguns moradores da localidade disseram à reportagem televisiva que jamais tinham presenciado tal cena, muito própria de morros e favelas, onde moradores continuam a ser oprimidos pelo tráfico ou por grupos paramilitares de milicianos.

Por falar em milícias, que atuam em 171 comunidades do estado, a Comissão Parlamentar de Inquérito, da Assembléia Legislativa, em seu relatório, ainda a ser votado em plenário da Alerj, indiciou 226 pessoas, incluindo um deputado, vereadores, policiais militares, civis, bombeiros, agentes penitenciários, militares das Forças Armadas e dezenas de civis, como envolvidos com tais grupos.

É bom lembrar que o fenômeno da violência, que preocupa a própria ordem institucional no país e a paz social, se espalha também por São Paulo, onde recentemente, além do retorno dos grandes assaltos a bancos, narcoterroristas invadiram uma delegacia especializada em entorpecentes,em Botucatu, a 240 km da capital, roubaram o que podia, destruíram tudo o que encontraram pela frente, inclusive inquéritos e boletins de ocorrência e explodiram o prédio numa cena típica de ação da Al-Qaeda. Imagina se a ação terrorista vira moda.

No caso do Rio de Janeiro, no contexto de permanente guerra urbana, alguns "policiólogos" de plantão continuam a criticar a firme e realista posição do governador Sérgio Cabral na sua política de enfrentamento ao banditismo sonhando que tamanho cenário violento pode ser combatido pelas forças legais sem dar um só tiro, cabendo então indagar. Qual seria a solução para a guerra do Rio? Aplicar modelos importados de polícia? Liberar o uso de drogas? Implantar teses antropológicas e sociológicas, irreais para conter a criminalidade atípica do Rio? Reformar o aparelho policial? Aliás como é possível conceber uma nova polícia, em meio de uma guerra, onde um policial militar percebe salários de R$ 1.000,00 e onde o tesouro do estado não comporta pagar um salário mais digno? A solução para a guerra do Rio seria não mais incursionar nos redutos do tráfico?

Adotar, como antiga proposição de uma ONG, bem conhecida do Rio, o modelo de convivência do governo colombiano com as FARCs, analogamente ao caso do Rio, com cada um em seu domínio, com áreas de exclusão à ação policial, tipo "finge que não trafica que eu finjo que não estou vendo". Aí a polícia só prenderia, "inteligentemente", algum bandido social, armado de fuzil de guerra,se este estivesse dormindo no alto do morro e não oferecesse resistência, entregando seu arsenal pacificamente.

Acho melhor cair na real e observar que estamos vivenciando uma das mais violentas e sangrentas guerras urbanas que já se teve notícia na história do mundo. Certamente que não será com passeatas e irrealismo que se vai encarar tal questão. Qual é a solução dos policiólogos? Permanecer sonhando, no ar condicionado, com a "Polícia de Shangri-lá"?

Para o caso do Rio só há momentaneamente uma estratégia policial capaz de frear o avanço do narcoterrorismo. Como não há efetivo suficiente da polícia ostensiva- a PM precisaria do dobro do efetivo atual para ocupar as 700 favelas aqui existentes- só resta, enquanto é tempo, fazer uso da ação pró-ativa, a que se antecipa ao crime, na busca e vasculhamento permanente aos redutos do tráfico.

Espera-se também que a Policia Federal, em sua missão constitucional, faça a sua parte, não somente em ações espetaculosas (sociedade do espetáculo), mas também no controle da entrada de armas e drogas no país. Por enquanto o Rio continuará sendo a cidade do terror.

Comentários sobre o artigo:

1º) Combater, enfrentar, confrontar o crime, a criminalidade, o banditismo, no meu ponto de vista não é política, mas sim dever e obrigação do Estado, da Polícia;

2º) Nesse sentido, a política do atual governo é a mesma daqueles que o antecederam, ou seja, "enxugar o gelo";

3°) Nesse contexto, o Estado, através da Polícia, atenta contra a própria Constituição Federal (vide Art. 144 - sobre a razão de ser da segurança pública: garantir a incolumidade das pessoas e do patrimônio) pois maximiza a exposição de pessoas a riscos que comprometem a integridade física das mesmas, gerando os famigerados efeitos colaterais, sobretudo, nas favelas, com vários casos de crianças e idosos mortos.

Qual seria a solução?

O principal problema da segurança pública no Rio é a existência de espaços geográficos sob domínio territorial armado, ou seja, territórios onde o estado não é capaz de exercer o monopólio do uso legítimo da força legal. Territórios onde prevalece uma lógica selvagem exteriorizada sob o manto das execuções extrajudiciais e outras excrescências. Os poderes legais constituídos simplesmente não existem.

Além do mais existe um problema matemático não resolvido. Creio que para policiar o Rio de Janeiro temos em média cerca de 2.500 policiais por dia, ou seja, 10.000 homens e mulheres, subdivididos em quatro equipes. Somente para libertar o Complexo do Alemão e o Parque Proletário da Vila da Penha (sem contar Cidade de Deus, Rocinha, Complexo da Maré, Jacarezinho, Mangueira...) precisaríamos contar com pelo menos 4.000 policiais. Matematicamente essa conta não fecha.

O que fazer então?

Não há outro caminho: diante do fenômeno do tráfico de drogas e das milícias, o Estado precisa reconhecer sua incapacidade operacional em termos de recursos humanos e logísticos para fazer frente a essas demandas por policiamento e segurança.

É necessário desconstruir o conceito da guerra pela guerra, a todo o custo, doa a quem doer, e definir um novo conceito baseado no esforço de libertação das favelas, no esforço do desarmamento e da desmobilização de civis armados. É necessário saturar o terreno, o teatro de operações, com o efetivo necessário, para se promover uma ocupação territorial estratégica, de caráter regular e permanente, bem como uma varredura detalhada para que se possa identificar e apreender armas e munições e dessa forma, desativar "as minas humanas" que estão para explodir. Eventuais confrontos com morte de opositores é algo previsível, porém não desejável. Deve-se evitar, a ocorrência de efeitos colaterais. A vida é o bem maior e tal qual deve ser preservado, mesmo que implique numa não reação imediata.

Nesse cenário só através da decretação de Estado de Defesa, com a participação das Forças Armadas e do MP, além de outras áreas do governo (sobretudo saúde e assistência social) e de observadores nacionais e internacionais, será possível libertar a favela dos opressores oficiais e não oficiais. O resto é conversa fiada. É para inglês ver.

A propósito, aproveitando a onda da blindagem (caveirão, caveira, caveirinha, caveirão voador, cabina blindada, etc...), seria interessante se fosse aprovada uma proposta para isentar o contribuinte do pagamento do IPVA durante os próximos 5 anos. Dessa forma, todos poderiam economizar e cada qual blindar o seu próprio veículo. O que acham da idéia?

Observações:

1) Quanto ao conceito de pró-atividade expresso na idéia articulada pelo autor, simplesmente, com todo o respeito, não tenho comentários a fazer...

2) O autor esqueceu-se de falar sobre a impunidade, principalmente àquela decorrente das baixas taxas de esclarecimento dos delitos, sobretudo, os homicídios.

terça-feira, 18 de novembro de 2008

Movimento Segurança Cidadã - Boletim Informativo


Ano I – nº. 8, 18 de novembro de 2008


Uma nova Polícia, feita por Policiais Cidadãos.


OS BASTIDORES DA SEGURANÇA NO RIO DE JANEIRO


Sumário:

Loteria.


1º Artigo: O próximo prefeito e a ordem pública.


2º Artigo: Aos amigos, tudo; aos inimigos... a Polícia!


3º Artigo: Problemas y desafíos de las policías en América Latina.


Rede Latino-Americana de Policiais e Sociedade Civil.


ACESSE


http://policiainteligente.blogspot.com/2008/11/movimento-segurana-cidad-bi-n-8_18.html

sexta-feira, 14 de novembro de 2008

Rede Latino-Americana de Policiais e Sociedade Civil - Conferência de Santiago








Problemas y desafíos de las policías en América Latina

Gino Costa[1]


Agradezco la invitación de la Red Latinoamericana de Policías y Sociedad Civil para participar en su primera conferencia. Me han solicitado que comparta con ustedes mis ideas sobre los problemas que enfrentan nuestras políticas de seguridad y, particularmente, nuestras policías, y los desafíos de nuestros gobiernos para brindar seguridad y justicia en el marco del más irrestricto respeto a los derechos ciudadanos. Estos desafíos incluyen, por supuesto, en lugar prioritario, los de la reforma y modernización policial.

Antes de comenzar, quiero explicitar lo difícil que es hablar de América Latina porque, a pesar de las muchas cosas que tenemos en común, tanto nuestros países como nuestros sistemas policiales tienen grandes diferencias. En efecto, tenemos hasta tres grandes sistemas. Por un lado, los de los Estados federales, como Brasil, México y Argentina, con algunas policías federales y con policías de prevención e investigación e4statales y, en algunos casos, municipales. Por el otro, tenemos a los Estados unitarios, con policías nacionales únicas, encargadas simultáneamente de la prevención y la investigación criminal, como en América Central, a excepción de Costa Rica, y como en la zona andina, a excepción de Venezuela. Entre estos dos extremos, tenemos el caso de Chile. Un Estado unitario con dos cuerpos policiales nacionales, uno de prevención y otro de investigación. Además de estos sistemas, los casos de Venezuela y Costa Rica rompen la pauta, porque siendo Estados unitarios tienen no dos, como Chile, sino varias policías más. A esta pluralidad de sistemas policiales hay que agregarle las diferencias de desarrollo económico y social, por un lado, e institucional, por el otro.

No obstante la pluralidad, resultado de estas determinantes, nuestras políticas de seguridad y nuestras policías comparten ciertos problemas comunes, aunque de distinta envergadura en cada país y en cada cuerpo policial. Veamos cuáles son.

Refirámonos, primero, a nuestras políticas de seguridad. Quiero poner a consideración de ustedes, para el debate, seis problemas, limitaciones y deficiencias, que considero de los más importantes, aunque no los únicos.

Uno, carecen de un adecuado liderazgo político y profesional. Esto se traduce en débiles ministerios del Interior o de Seguridad Pública, insuficientemente equipados de funcionarios con competencia profesional en el diseño, implementación, supervisión y evaluación de políticas públicas en esta materia. No cuentan, además, con información delictiva adecuada para la formulación de políticas ni con los instrumentos y capacidad suficiente para conducir y supervisar a las policías que se encuentran bajo su responsabilidad, tanto en lo operativo como en lo gerencial y disciplinario. Menos aún están en condiciones de dirigir y coordinar las acciones multisectoriales que se requieren, tanto en lo preventivo como en lo referido a la acción del sistema penal. Estas debilidades se acentúan por la inestabilidad política que normalmente afecta a nuestros gobiernos y, especialmente, al gobierno de la seguridad pública, una de cuyas características, a lo largo y ancho de la región, es la discontinuidad de esfuerzos.

Dos, la contraparte de estas limitaciones es la autonomía de nuestras instituciones policiales y el gran poder político que ostentan dentro del Estado y la sociedad. Esto las hace resistentes al control y al cambio, las mantiene encapsuladas del resto de la sociedad y las hace propensas a actuar por encima de la Constitución y las leyes, y a vulnerar los derechos humanos. Todo esto contribuye a la policialización de las políticas de seguridad. En lugar de ser éstas esfuerzos integrales y multisectoriales, con frecuencia se convierten en una suma de planes operativos policiales, lo que disminuye la capacidad de nuestros gobiernos de responder adecuadamente a los desafíos de la inseguridad, la violencia y el delito. La autonomía de las corporaciones policiales explica también las dificultades de poner en práctica políticas de seguridad en el ámbito local, dirigidas y coordinadas por los gobiernos municipales.

Tres, la militarización constituye otra de las características de nuestras políticas de seguridad. Esta se expresa en la tendencia de involucrar a los militares en tareas policiales, con el argumento de que nuestras policías no son lo suficientemente eficaces. Los avances que se dieron con el fin de la guerra fría en delimitar claramente las fronteras entre lo policial y lo militar han sido revertidos, en parte por la complejidad de la situación y, en parte, por el aliento de los Estados Unidos a involucrar a las fuerzas armadas en enfrentar las nuevas amenazas.

Cuatro, existe una tendencia muy extendida en la región que consiste en responder a los problemas de seguridad con acciones retóricas y efectistas, que normalmente son populares, pero que, en última instancia, resultan ineficaces. Ella consiste en responder con modificaciones legales para endurecer las penas, criminalizar nuevas conductas sociales, ampliar las atribuciones policiales, involucrar a las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública y restringir las garantías y los derechos ciudadanos. Estas políticas no solo socavan las bases del Estado democrático, sino que, lejos de contribuir a resolver los problemas de seguridad, pueden incrementarlos. Ello es lo que ha estado ocurriendo, de manera más clara, en el triángulo norte de América Central con las políticas de “mano dura” y “súper mano dura”. Esta tendencia va acompañada de un desdén por los esfuerzos de prevención, rehabilitación y reinserción social de los infractores de la ley, así como por la postergación indefinida de las urgentes reformas de las policías, la justicia y los sistemas penitenciarios.

Cinco, otra característica de nuestras políticas es que no se diseñan en base a información veraz, confiable y oportuna sobre quién, cuándo, cómo y dónde se cometió una falta o un delito. La ausencia de información no sólo contribuye al diseño de políticas inadecuadas sino a la incapacidad de evaluarlas, en la medida en que no se cuenta con los indicadores necesarios. Sin indicadores no hay gestión por resultados posible.

Seis, la debilidad de los ministerios del Interior o Seguridad Pública para coordinar la acción multisectorial, la precariedad de los gobiernos municipales para hacer lo propio en el ámbito local, la policialización y militarización de las políticas de seguridad, y la poca tradición de trabajo integrado entre diversos sectores da cuenta de las dificultades de poner en práctica una respuesta integral e interinstitucional a los problemas de inseguridad. La reciente constitución de sistemas nacionales de seguridad ciudadana es un paso positivo, pero las dificultades de funcionamiento que están teniendo son testimonio de los grandes desafíos que tiene por delante. La coordinación no es solo difícil en el ámbito penal, sino también en el preventivo.

Ahora, permítanme referirme, específica y rápidamente, a los problemas, limitaciones y deficiencias de nuestras policías. Cuatro de ellos me merecen especial atención.

Uno, su anacronismo, tanto en lo tecnológico y organizacional, como en lo conceptual y normativo. El carácter cerrado de nuestras policías, al igual que nuestros militares, a influencias externas y la debilidad del liderazgo político, con frecuencia, les ha permitido permanecer al margen de los procesos de reforma del Estado por mucho más tiempo que otras instituciones públicas. Ello, también, las hace más resistentes a las nuevas corrientes de gestión institucional y de trabajo policial.

Dos, la persistente presencia de prácticas corruptas y abusivas, que es la otra cara de la moneda de su autonomía institucional, de su fortaleza relativa frente a otras instituciones del Estado de derecho, de la falta de controles internos y externos que promuevan la transparencia y rendición de cuentas, del mal entendido “espíritu de cuerpo” y de la ausencia de una eficaz dirección y supervisión política. Ella contribuye a explicar la ineficiencia para brindar un buen servicio policial y es la principal razón de la desconfianza ciudadana.

Tres, las deficientes condiciones de bienestar y trabajo de los policías, que atentan contra el buen desempeño profesional, la calidad del servicio que brindan y, en ocasiones, su propia salud física y mental. No es posible concebir una policía eficiente sin una institución que le brinde a su personal, de manera permanente, formación moderna y de excelencia; posibilidades de desarrollo profesional, personal y familiar; y, las mínimas facilidades para hacer bien su trabajo. Por sobre todo, que lo trate con respeto, que lo considere, siempre, su activo más importante y que invierta en su constante perfeccionamiento.

Cuatro, la desconfianza ciudadana, que es el resultado de un conjunto de factores, principalmente la impunidad frente a la corrupción y el abuso, así como la ineficiencia y la baja calidad del servicio policial. Esto último tiene causas tanto internas como externas a la institución. Algunas de las internas ya han sido mencionadas. En cuanto a las otras, cabe indicar la responsabilidad de los gobiernos por no atender adecuadamente a la profesionalización de sus instituciones policiales y al bienestar de su personal y de sus familias. Una institución policial sin respaldo ciudadano, por más bien formada y equipada que esté, no podrá cumplir adecuadamente su tarea, porque tanto la información como la legitimidad que requiere para actuar sólo puede provenir de la comunidad. Por eso, la desconfianza es el obstáculo principal para que la policía pueda cumplir su función de protectora y defensora de nuestros derechos y libertades. Superar ese obstáculo debe el objetivo más importante de cualquier esfuerzo de transformación institucional.

Planteados los problemas, a continuación los desafíos para todos los cuerpos policiales. Se trata de desafíos permanentes que deben enfrentar con decisión y determinación, incluso los cuerpos que están en mejores condiciones, porque los peligros de la desactualización, de la corrupción y el abuso, y del deterioro de las condiciones de bienestar y trabajo son permanentes y acechan por igual a todos, así como la legitimidad y la confianza ciudadana se mantiene o se pierde día a día. Más aún en un mundo globalizado en el que los cambios tecnológicos permiten al crimen organizado la rápida transformación y perfeccionamiento de sus modalidades de acción.

El primer desafío es el de dotar a nuestras políticas de mayor gobernabilidad, esto es, ministerios del Interior o Seguridad Pública sólidos, con un funcionariado profesional y competente, blindados a los vaivenes políticos; sostenibilidad en el tiempo, que trasciendan los cambios de ministros y de gobiernos; y, con adecuada información para su diseño, con indicadores que permitan su evaluación y con instrumentos para la efectiva supervisión de los cuerpos de policías.

También se requiere contar con adecuados mecanismos de coordinación, tanto horizontal como vertical. En el primer nivel, aquella que involucra a las instituciones encargadas de la persecución y sanción del delito (policías, fiscales y jueces) y de la rehabilitación y reinserción de los infractores (sistemas penitenciarios), así como a las responsables de la prevención (policías, gobiernos locales, sistemas educativos y de salud, y organizaciones juveniles, sociales y vecinales). En el segundo nivel, la que se refiere a la coordinación del gobierno nacional con los gobiernos subnacionales (regionales - estatales, provinciales y locales). Esto, también, demanda una fina sincronización de los esfuerzos de los gobiernos subnacionales con las instituciones que, como la policía y la justicia, pueden tener carácter nacional. Finalmente, la gobernabilidad también pasa por contar con instituciones parlamentarias que cumplan, adecuadamente, con sus labores legislativas y fiscalizadoras.

El desafío de la gobernabilidad del sector implica acometer, de manera simultánea a las transformaciones en las policías, la reforma y modernización de los sistemas judiciales y penitenciarios. No basta con contar con mejores policías, si la justicia sigue siendo un instrumento de impunidad o de intereses económicos y políticos. Tampoco basta con transformar a las policías y a la justicia, si las cárceles continúan siendo las universidades del crimen y los espacios desde los cuales se conduce la actividad delictiva.

El segundo desafío es el de la profesionalización del personal, que pasa por fortalecer la carrera policial y cada uno de sus componentes, a saber: los sistemas de reclutamiento, selección e ingreso; la formación, especialización y capacitación; la evaluación del desempeño; la promoción y el ascenso; y, el régimen disciplinario. Un plan de carrera bien estructurado, que promueva el mérito, la iniciativa y la creatividad, y que sea implacable con los malos policías, contribuirá a crear cuerpos policiales de excelencia.

El tercer desafío es el de la dignificación del trabajo policial, del policía y de sus familias. Ello demanda buen trato al personal, tanto por la institución como por los superiores jerárquicos; adecuadas remuneraciones; condiciones dignas de trabajo, incluyendo el régimen laboral con jornadas de descanso adecuadas y vacaciones remuneradas; programas de salud, de vivienda y otros de bienestar, administrados con transparencia, con un sistema de rendición de cuentas y con representación de todo el personal policial en los órganos de gestión.

De la misma manera en que al policía le debemos exigir el más irrestricto respeto del Código de conducta para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, de las Naciones Unidas, y de las normas nacionales e internacionales de los derechos humanos, es imprescindible que a las instituciones policiales y, principalmente, a nuestros gobiernos les exijamos el mismo respeto por los derechos de los y las policías.

El cuarto desafío es el de la modernización de la gestión institucional, que involucra tanto los niveles organizacional, tecnológico, conceptual y normativo, así como la gestión de los recursos humanos, logísticos y financieros. Un componente importante de este desafío es el proceso de descentralización de responsabilidades y de toma de decisiones. A este respecto, la herencia militar de muchos de nuestros cuerpos constituye un obstáculo difícil, aunque no imposible, de superar. El trabajo policial, a diferencia del militar, requiere de una libertad para tomar decisiones en el terreno, que no se condicen con la formación y la disciplina militar.

El quinto desafío es el de la transparencia, el control y la rendición de cuentas, instrumentos fundamentales para enfrentar la corrupción y el abuso policial, y para generar las condiciones de confianza de la ciudadanía y de otros poderes del Estado en las policías. Esto demanda acabar con la “cultura del secreto” y ser proactivos en poner al servicio de la ciudadanía, por ejemplo a través de las páginas web institucionales, toda la información posible sobre, entre otros, la utilización de los recursos, incluyendo el presupuesto y los programas de bienestar policial; el récord del personal; las políticas e intervenciones institucionales; y, la información delictiva.

Estas prácticas deben ser complementadas con una política comunicacional que permita a los jefes policiales de todos los niveles dar cuenta de las actividades e intervenciones institucionales y responder a las preguntas de los medios de comunicación. Sería ideal que, anualmente, los cuerpos policiales rindieran cuentas con informes al Congreso Nacional o de los Estados sobre su labor. El contacto constante con la población es, también, fundamental. Instituciones como los cabildos abiertos o las audiencias públicas son importantes no solo para rendir cuentas, sino, sobre todo, para recoger las inquietudes, sugerencias y las propuestas de la comunidad.

El sexto desafío es el de la información y el análisis para la acción policial. Las policías tienen que saber, con la mayor exactitud posible, dónde, cuándo, cómo y quién cometió un delito en su jurisdicción. Las respuestas a esas cuatro preguntas son el secreto fundamental del trabajo policial, no sólo del policía de investigaciones, sino también del preventivo. No es posible desplegar las fuerzas para prevenir el delito sin tener información veraz, confiable y oportuna sobre la situación delictiva. Si lo hacemos, estamos condenados a hacerlo muy mal y a perder frente al crimen.

Tan importante como contar con la información es saber utilizarla y, para ello, resulta fundamental que nuestras policías tengan las destrezas necesarias para sistematizar la información disponible y hacer un análisis crítico de ella, especialmente para asociar los patrones delictivos a los factores de riesgo, como pueden ser el alcohol, las drogas, la deserción escolar y otros. Ver la manera cómo en cada circunscripción territorial éstos inciden en la actividad criminal es una tarea de la mayor importancia. Pasar del policiamiento reactivo al proactivo, fundado en la información y en análisis de la misma, para atacar las causas de los delitos y resolver los problemas que los motivan, es el gran desafío de las policías del siglo XXI.

El séptimo y último desafío es el de recuperar la confianza ciudadana. Esto sólo será posible si nos abocamos a la tarea de superar los seis primeros desafíos, de manera simultánea y permanente, mejorando la calidad del servicio policial y dando muestras de una voluntad de cambio y de una nueva actitud. Con frecuencia, se cree, equivocadamente, que la desconfianza se puede superar con medidas cosméticas, bien marketeadas y publicitadas. La única manera de hacerlo es con resultados.

Si éstos son los problemas y los desafíos, ¿qué tareas tenemos por delante?, ¿qué podemos hacer desde la Red para contribuir a hacer realidad los desafíos de nuestras políticas de seguridad y, particularmente, de nuestras policías? Creo que hay mucho que hacer. La sola existencia de la Red ya es un hecho valioso en si mismo, pues está comenzando a contribuir a un intercambio de buenas prácticas, a que todos aprendamos y nos enriquezcamos con la experiencia ajena. Estos encuentros contribuyen a ello, al igual que las visitas de trabajo entre sus miembros.

Este Foro debe, además, constituir un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer en nuestras ciudades y países para crear espacios de reflexión y análisis entre nuestros policías y organizaciones de la sociedad civil. Quizá, el mejor ejemplo de ello lo constituye el Foro Nacional de Seguridad Pública de Brasil, que, entiendo, ha inspirado la creación de esta Red y cuyos artífices están liderando su desarrollo.

Creo que, también, la Red puede ser un instrumento útil para comenzar a medir y evaluar el desempeño y la calidad de nuestros servicios policiales y, sobre todo, a compararlos. Contamos con instrumentos para ello. Mencionaré cuatro.

Uno, el kit de visitas a comisarías de policías, desarrollado por la Alianza Global Altus, que permite evaluar en qué medida éstas están diseñadas y son operadas para servir al público. Hasta el momento se han hecho dos jornadas mundiales, que han demostrado las múltiples ventajas de un sistema de evaluación y participación ciudadana. Sugiero que las organizaciones de sociedad civil de la Red se comprometan, el próximo año, a participar en la tercera jornada de Altus o, si ésta no se realiza, a organizar, simultáneamente, una jornada de visitas en nuestras ciudades.

Dos, en todos nuestros países se realizan, de manera regular, encuestas de opinión pública donde se mide la tasa de victimización y se evalúan nuestras instituciones policiales. Ocurre, sin embargo, que no siempre utilizamos los mismos indicadores. Sugiero que trabajemos en escoger algunos, muy pocos en realidad, que permitan comparar la situación de seguridad en nuestros países y su evolución a lo largo del tiempo, así como los grados de confianza y satisfacción con el servicio que brindan las instituciones policiales. Tener la capacidad de contar con instrumentos de medición comparables entre nuestros países y nuestras policías sería, creo yo, de gran utilidad y una tarea muy pertinente para nuestra Red. Sobre todo en Colombia y, crecientemente, en Brasil, se están consolidando observatorios ciudadanos que cumplen, entre otras, esta tarea. Estos son los observatorios conocidos como Cómo Vamos o Nossa. Cabría revisar los indicadores de seguridad desarrollados por dichos mecanismos y ver si son los más adecuados. Si lo fueran, ya tendríamos parte del trabajo hecho, ahí donde existen. La tarea sería llevar la medición ahí donde no existen. Hacer realidad esta tarea pasa por establecer un diálogo con los Cómo Vamos y con Nossa.

Tres, para complementar la información que arrojen las encuestas de opinión pública, necesitamos trabajar con indicadores más duros, como estadísticas, por ejemplo. Esto es lo que hacen los observatorios mencionados. Habría, también, que revisar este componente de sus evaluaciones.

Cuatro, por último, para evaluar el trabajo de nuestros policías, también, necesitamos contar con la opinión de los policías, lo que demanda que discutamos la pertinencia de desarrollar un cuestionario común, aplicable a todas las policías de la región. Este debería estar dirigido a dar cuenta, principalmente, de las condiciones de trabajo y bienestar.

Ojalá que estas sugerencias contribuyan a enriquecer nuestra discusión en las dos jornadas de trabajo que tenemos por delante.

Muchas gracias.

[1] Gino Costa (Lima, 1956). Abogado de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Ph.D. en Historia Contemporánea de la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Fue parte del equipo que inició el proceso de reforma policial y que gestó el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana durante el gobierno de Alejandro Toledo, del que fue Ministro del Interior. También ha sido Presidente del Instituto Nacional Penitenciario y Defensor Adjunto para los Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo. Actualmente preside Ciudad Nuestra.

sábado, 8 de novembro de 2008

Policiais e ONGs de 10 países se reunirão no Chile




Gabriel Conte 07/11/2008.

Policiais, representantes de governos e de organizações da sociedade civil oriundo de 10 países da América Latina estarão reunidos, nos dias 13 e 14 de novembro, em Santiago do Chile, para trocar informações sobre a realidade da segurança pública na região.

O encontro acontecerá durante a 1ª Conferência Regional da Rede Latino-americana de Policiais e Sociedade Civil, organizada pela ONG Viva Rio e a Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais, em parceria com a Policía de Investigaciones, com o apoio do Open Society Institute.

A Rede é um projeto coordenado pelo Viva Rio, que tem como sócios representantes de 31 corporações policiais e 12 organizações da sociedade civil da Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, El Salvador, Guatemala, México, Nicarágua, Peru e Venezuela.

Seus objetivos são facilitar o diálogo entre os agentes do sistema de segurança pública e a sociedade civil organizada; promover o intercâmbio de experiências e compartilhar conhecimentos, tanto no nível prático como na área de pesquisa acadêmica.

Policiais e sociedade civil juntos

Haydée Caruso, coordenadora da Rede, explica que o objetivo é construir pontes e canais de diálogo entre pesquisadores, organizações da sociedade civil e policiais comprometidos com iniciativas de reforma ou desenvolvimento institucional de suas corporações.

A missão, portanto, é identificar, qualificar e apoiar lideranças policiais cujas trajetórias profissionais incluam experiências ligadas à formulação, gestão e execução de projetos, consolidando, assim, um fórum permanente de intercâmbio entre policiais latino-americanos e membros da sociedade civil.

A primeira Conferência Internacional da Rede de Policiais e Sociedade Civil contará com a participação de especialistas na área da segurança pública. Entre eles estão o ex-ministro do Interior do Peru, Gino Costa; Felipe Harboe, subsecretário de Interior do Chile; Lucía Dammert, coordenadora do Programa Segurança e Cidadania da FLACSO Chile; Arturo Herrera Verdugo, diretor-geral da Polícia de Investigações do Chile; Jacqueline Muniz, coordenadora acadêmica da Rede e professora da Universidade Candido Mendes, além de Haydée Caruso.

Os temas

A Conferência será norteada por um tema central que versa sobre os desafios na relação Polícia – Sociedade para a reforma policial na América Latina. Mais especificamente, serão abordados três assuntos onde o processo de colaboração entre policia e sociedade pode ser particularmente frutífera: “Treinamento para qualificar a tomada de decisões dos agentes policiais”; “Mecanismos de participação social no controle das polícias” e "Prevenção do crime: limites e alcances das abordagens situacional e social”.

Também serão realizadas mesas de intercâmbio em que os membros irão compartilhar suas impressões sobre o trabalho da Rede assim como idéias para os próximos anos. Serão apresentados os resultados das atividades que a Rede vem realizando: viagem de estudos para policiais, seminários e cursos em nível regional e nacional e debates temáticos online.

A Rede na web

A Rede Latino-americana de Policiais e Sociedade Civil possui um blog permanentemente atualizado e que faz parte do Portal Comunidade Segura.

Neste blog, policiais, membros de ONGs, acadêmicos, representantes de governos e de instituições do sistema judiciário podem ter acesso a diversos documentos produzidos pelos próprios membros da Rede sobre temas como: a reforma policial; o planejamento, gestão e avaliação do trabalho policial; os mecanismos de controle interno; a participação e o controle social; e a atuação policial junto ao público jovem.

O blog também dá acesso ao boletim informativo InterCÂMBIO e as páginas do chat e fóruns virtuais, onde são debatidos assuntos cruciais para a melhoria da segurança pública na América Latina.

Saiba mais:

Dossiê da Rede Latino-americana de Policiais e Sociedade Civil

Fonte: http://www.comunidadesegura.org/?q=pt/MATERIA-policiais-e-ONGs-de-10-paises-se-reunirao-no-Chile